El dilema tecnológico que México no puede esquivar
La Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Por primera vez aplicó de manera completamente virtual el examen de ingreso a licenciatura, confió en un sistema de inteligencia artificial para vigilar a más de 158 mil aspirantes y terminó suspendiendo las inscripciones ante indicios de fraude masivo. Hoy, 31 de julio de 2026, la Comisión Técnica instalada por el rector Leonardo Lomelí debe entregar su dictamen. De su resolución depende no solo el futuro inmediato de miles de jóvenes, sino la confianza pública en la capacidad del Estado mexicano para gobernar la tecnología.
Los números no cuadran. En carreras de alta demanda como Medicina y Derecho los puntajes se dispararon de forma atípica respecto a 2025. En redes sociales circularon videos de aspirantes agradeciendo abiertamente a ChatGPT. La propia UNAM reconoció que anuló cerca del 2 % de los exámenes por conductas irregulares. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, habló de resultados “atípicos”. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el apoyo de la Fiscalía General de la República si la universidad lo solicita y abrió la puerta a que los afectados encuentren lugar en las Universidades Rosario Castellanos mientras se resuelve el asunto.
El caso no es aislado. Universidades de élite en Estados Unidos ya enfrentan problemas similares: en Brown se detectó un fraude masivo con IA en un examen de economía matemática; Princeton abandonó prácticas centenarias de pruebas sin vigilancia. México, sin embargo, es el primer país donde una prueba de repercusión nacional queda bajo sospecha por el uso de herramientas generativas. La decisión de la UNAM sentará precedente para todo el sistema de educación superior pública.
Detrás del escándalo hay una tensión más profunda. La digitalización promete ampliar el acceso: jóvenes de estados lejanos o del extranjero podían presentar el examen sin desplazarse. Pero la misma tecnología que democratiza también facilita el engaño a escala. Los filtros de navegador especial, cámara y micrófono resultaron insuficientes frente a la creatividad de quienes buscaban atajos. Como señaló un especialista del CIDE, los mecanismos de supervisión “deberían estar balanceados entre la tecnología y el razonamiento humano”.
Las consecuencias se sienten en tres planos. En el educativo, miles de aspirantes que estudiaron durante meses se preguntan si el mérito sigue importando. En el político, la autonomía universitaria queda a prueba: Sheinbaum ha respetado el margen de decisión de la UNAM, pero el gobierno no puede permanecer ajeno cuando la legitimidad de las instituciones públicas está en juego. En el geopolítico y tecnológico, México se suma a la carrera global por regular la IA en contextos sensibles. Mientras el país debatió en julio un marco regulatorio general, el caso UNAM demuestra que la regulación no puede esperar a los foros internacionales.
“Tienen que ver cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron… o si fue individualmente el uso de la IA”, dijo la presidenta en conferencia. La frase resume el dilema. No se trata solo de castigar trampas, sino de rediseñar procesos que la tecnología ya superó. En el corto plazo, la Comisión Técnica puede optar por repetir el examen de forma presencial, anular solo casos sospechosos o validar los resultados actuales. Cualquiera de las tres opciones generará descontento. En el mediano plazo, el sistema educativo mexicano tendrá que invertir en proctoring más robusto, en alfabetización digital crítica y en evaluaciones que midan competencias que la IA aún no puede simular con facilidad.
La UNAM no está sola. El mismo gobierno que impulsa la Agencia de Transformación Digital y celebra la simplificación de trámites enfrenta, con este episodio, el reverso de la moneda: la tecnología no es neutral y su mal uso erosiona la confianza más rápido de lo que su buen uso la construye. Si México quiere aspirar a ser un actor relevante en la gobernanza tecnológica global, debe demostrar primero que puede proteger la integridad de sus instituciones educativas frente a las herramientas que él mismo promueve. El dictamen de hoy no cerrará el debate; apenas lo abre.