La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la inteligencia artificial “tiene que, de alguna manera, regularse”.

Sin embargo, en la misma semana Donald Trump vuelve a pedir velocidad para no ceder terreno ante China. Entre ambas posturas se abre la noticia tecnopolítica más relevante de estos días para México: no se trata solo de una ley pendiente, sino de cómo el país se coloca en la carrera global de poder computacional, datos y normas.

El contraste no es retórico. Porque mientras Washington minimiza riesgos y privilegia la innovación a toda costa, Palacio Nacional habla de etiquetar contenidos generados con IA en campañas, de abrir foros sobre menores y plataformas, y de un Plan Nacional de Inteligencia Artificial que busca software público, talento y una supercomputadora propia. Coatlicue, proyectada en Zacatenco con miles de GPUs, aparece como el símbolo de esa apuesta. CausaNews ha seguido esa tensión porque resume el dilema mexicano de 2026: ¿México será territorio de adopción rápida o de reglas propias?

El contexto es más denso de lo que parece una declaración matutina. El Congreso arrastra iniciativas sectoriales —deepfakes íntimos, derechos de voz y doblaje, celulares en escuelas— mientras la ley general de IA no termina de nacer. Por ejemplo, la Comisión del Senado ha trabajado un enfoque de riesgo inspirado en Europa, pero el calendario choca con el paquete económico y con una agenda electoral que ya siente la presión de bots y desinformación. Sheinbaum lo dijo con claridad: el problema no es solo el contenido sintético, sino la velocidad con la que se propaga lo falso.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo envió al Senado una reforma a la Ley de Inversión Extranjera para escrutar, por seguridad nacional, compras que superen el 49 por ciento en IA, semiconductores, ciberseguridad, sistemas digitales y almacenamiento de datos. Es el giro más geopolítico del sexenio en materia tecnológica. Se parece, en lógica, a CFIUS en Estados Unidos y al reglamento europeo de inversiones. Sin embargo, el mensaje a fondos y big tech es doble: México quiere nearshoring, pero no a cualquier precio ni en cualquier activo crítico.

Esa cautela choca con otra realidad. La CFE y la Asociación Mexicana de Data Centers estiman que la demanda eléctrica del sector podría acercarse a 1.73 GW hacia 2031. Sheinbaum ya había advertido que el país necesita centros de datos para su propia IA, no para convertirse en “el centro de datos de otros países”, por el consumo de energía y agua. Porque la soberanía, en este caso, se mide en megawatts y en cuencas, no solo en códigos.

Desde la CNDH llegó otra pieza del tablero: diez parámetros para que la IA no se coma derechos. Responsabilidad humana identificable, no discriminación, transparencia y un rechazo explícito a la manipulación de la vida democrática. “Ninguna decisión debe quedar huérfana de un responsable de carne y hueso”, resume el espíritu del organismo. En paralelo, España ofreció a México una “tercera vía digital” —modelos abiertos, supercomputación, ciberseguridad— que suena atractiva precisamente porque el país no quiere elegir entre la desregulación estadounidense y el modelo chino de control.

Hay datos que frenan el entusiasmo. Un análisis del CIGI colocó a México con baja capacidad de ejecución de política de IA frente a pares de ingreso medio. Por ejemplo, la escuela pública de IA ya inscribió a unos 12 mil estudiantes, pero solo una fracción se ha graduado. PISA muestra que los alumnos usan herramientas generativas tanto o más que el promedio de la OCDE, mientras las escuelas regulan peor el celular que sus pares. La tecnología llega más rápido que el Estado.

¿Qué sigue? En el corto plazo, el Congreso tendrá que decidir si arma un marco horizontal o sigue legislando por rebanadas: escuelas, intimidad, inversión, elecciones. En el mediano plazo, la revisión del T-MEC y el acceso a hardware avanzado castigarán la ambigüedad. Un analista de comercio digital lo planteó sin adornos: “Si vendes al norte y no tienes reglas propias, terminas cumpliendo las ajenas”.

México no va a detener la IA. Sin embargo, la pregunta, como insiste CausaNews en esta columna, es otra: si el país será solo el patio de cómputo de las potencias o un actor capaz de poner condiciones —éticas, energéticas y comerciales— a la tecnología que ya gobierna campañas, aulas y fusiones. Regular no es frenar por capricho. Porque es decidir quién escribe las reglas del próximo ciclo de poder.