México quiere soberanía en inteligencia artificial: el plan ya está; falta el Estado que lo haga realidad

El gobierno mexicano volvió a poner sobre la mesa, con más ruido que en abril, su Plan Nacional de Inteligencia Artificial. La promesa es ambiciosa y, en el lenguaje de Palacio, casi existencial: dejar de ser un país que solo consume modelos extranjeros y convertirse en uno capaz de crear, adaptar, auditar y operar sistemas de IA con infraestructura propia. En el centro del relato aparece Coatlicue, la súper computadora proyectada en Zacatenco, en el Instituto Politécnico Nacional, con miles de GPU y una capacidad de cómputo que, si se concreta, colocaría al Estado en un pelotón distinto al de meros compradores de nube.

La noticia no es menor. Como ha documentado CausaNews en esta agenda geopolítica, casi todos los gobiernos de ingreso medio están escribiendo estrategias de IA. Pocos, sin embargo, amarran en un mismo paquete tres piezas que suelen vivir separadas: un marco ético —los Principios de Chapultepec—, un programa masivo de talento —el Centro Público de Formación en IA— y un músculo de cómputo nacional. Esa triada es la diferencia entre un documento de gabinete y un proyecto de soberanía.

El contexto internacional empuja. Estados Unidos y China tratan a los chips, los datos y los modelos fundacionales como activos de seguridad nacional. Europa intenta una tercera vía regulatoria. Asimismo, España acaba de firmar con México un memorando para modelos de lenguaje en español, ciberseguridad e identidad digital. Al mismo tiempo, Washington observa con lupa el nearshoring y el T-MEC entra en una fase en la que la gobernanza de la IA ya no es un adorno académico: es condición de comercio. Un vacío legal mexicano, advierten analistas del CIGI, no se llena con silencio; se llena con las reglas de otros.

Ahí está la paradoja que el plan no resuelve solo. México ya “tiene política” en casi todas las casillas que mide la OCDE, pero califica muy bajo en capacidad de ejecución. La ley general de IA sigue pendiente. El Congreso prioriza, con razón, los deepfakes íntimos y la protección de menores. La SEP y la UNESCO diseñan reglas para pantallas en las escuelas. Sheinbaum pide al INE contener la propaganda automatizada que el Legislativo no quiso meter en la reforma electoral. Cada pieza es correcta; ninguna sustituye un estatuto federal con autoridad, sanciones, transparencia algorítmica y supervisión humana.

Coatlicue ilustra el dilema. Una máquina de ese tamaño no es un recorte de cinta: exige energía estable, agua, talento que no se fugue, software público que no dependa de una licencia revocable y reglas para que el gobierno no automatice decisiones sobre derechos sin responsables de carne y hueso. La presidenta ha dicho que México necesita centros de datos para su propia IA, no para ser el “data center de otros”. Esa frase, si se toma en serio, obliga a elegir: atraer inversión y, a la vez, someter a seguridad nacional las compras extranjeras en chips, nubes y algoritmos, como propone la reforma a la Ley de Inversión Extranjera.

“No se trata de copiar el reglamento europeo ni de abrir la puerta sin condiciones”, suele argumentar el entorno de la Agencia de Transformación Digital. “Se trata de que el Estado mexicano no llegue tarde a una tecnología que ya decide crédito, empleo, contenidos y, mañana, votos.” Un especialista consultado por CausaNews lo resume con menos poesía: “Sin ley, Coatlicue es un hardware caro. Con ley y sin cómputo, la ley es un PDF. Necesitan las dos cosas a la vez.”

En el corto plazo, el termómetro será el periodo ordinario del Congreso: si sale una arquitectura mínima —IA, ciberseguridad, screening de inversiones— o si el país sigue gobernando por parches sectoriales. En el mediano plazo, la prueba será más dura: si el talento formado en el centro público se queda, si los modelos en español existen de verdad y si las decisiones públicas automatizadas se pueden explicar en una ventanilla, no solo en un discurso.

La soberanía tecnológica no se decreta el día de la foto. Se construye cuando un gobierno acepta que la inteligencia artificial ya no es un tema de innovación, sino de poder. México acaba de decir que lo entiende. Ahora tiene que demostrarlo.