México busca proteger a sus menores sin caer en la censura
Este lunes 10 de agosto de 2026, en la tradicional Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dedicaron parte importante de la conferencia a un tema que trasciende lo educativo y se convierte en cuestión de soberanía digital y política pública de primer orden: el impacto de los celulares, las redes sociales y la inteligencia artificial en niñas, niños y adolescentes.
Delgado expuso datos contundentes. En Estados Unidos, los menores reciben en promedio 237 notificaciones al día, de las cuales 23 % ocurren en horario escolar: una cada cuatro minutos. Tras cada distracción, un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en recuperar la atención. La presidenta Sheinbaum advirtió que la facilidad de obtener información mediante IA —selectiva y no siempre la de mejor calidad— puede obstaculizar el desarrollo de habilidades mentales básicas si se usa de forma prematura.
El contexto es claro. Desde finales de junio, el gobierno federal anunció que, una vez concluido el Mundial de Futbol, abriría un debate nacional sobre regulación de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, con especial énfasis en la protección de menores. Los foros regionales ya están en marcha y se espera una propuesta concreta hacia finales de agosto, enfocada primero en el ámbito escolar. El objetivo no es prohibir por prohibir, sino generar conciencia colectiva y limitar mecanismos diseñados para generar adicción, como el scroll infinito, sin caer en la censura.
Expertos internacionales han respaldado el enfoque. Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, ha urgido a México a prohibir los teléfonos inteligentes durante toda la jornada escolar y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales, medidas que ya aplican varias democracias. Arturo Bejar, especialista en seguridad digital, ha subrayado que las plataformas incorporan sistemas deliberados para maximizar el tiempo de atención.
Los actores involucrados son múltiples: el Ejecutivo federal, la SEP, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, padres de familia, docentes, el Congreso y, por supuesto, las grandes plataformas tecnológicas. Los antecedentes incluyen la reforma laboral de plataformas digitales de 2024-2025 y el aplazamiento de una ley general de IA, que ha dado paso a una regulación sectorial más gradual.
Las posibles consecuencias son profundas. En el corto plazo, se espera una normativa escolar clara para el ciclo que inicia a finales de agosto. En el mediano plazo, México podría consolidarse como referente latinoamericano de una regulación equilibrada que proteja a las infancias sin sofocar la innovación. Geopolíticamente, el debate fortalece la posición del país frente a las big tech y en foros internacionales sobre gobernanza digital. Económicamente, puede influir en la atracción de inversión responsable en tecnología y en la formación de capital humano preparado para la era de la IA.
“No se trata de regular por regular, sino de llegar a un acuerdo entre todos”, ha insistido Sheinbaum. El desafío es enorme: equilibrar protección, libertad de expresión, desarrollo tecnológico y soberanía. Si México logra construir un consenso amplio, no solo protegerá a sus nuevas generaciones, sino que enviará una señal clara al mundo de que es posible gobernar la tecnología sin renunciar a los valores democráticos. El resultado de este proceso definirá, en buena medida, cómo se relacionará el país con el poder digital global en la próxima década.