Diputados aprueban filtro de seguridad a inversiones en IA

El 27 de octubre de 2026 la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera que somete a escrutinio de seguridad nacional las operaciones de capital extranjero que superen el 49% en sociedades mexicanas de sectores estratégicos. Entre ellos figuran la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los semiconductores y el tratamiento o almacenamiento de datos. La minuta, impulsada por el Ejecutivo, ya había pasado por el Senado y ahora se turnó al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma amplía la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Incorpora con voz y voto a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En asuntos de seguridad nacional también participan, con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

El nuevo Título Sexto Bis establece que se requiere resolución favorable de la comisión cuando la inversión extranjera pretenda superar el 49% del capital de una sociedad mexicana cuyo valor de activos rebase el umbral que determine la propia comisión y cuya actividad esté en el catálogo de sectores sensibles. Ese catálogo incluye infraestructuras estratégicas (físicas o virtuales), tecnologías críticas y productos de doble uso —explícitamente inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad y tecnologías cuánticas o nucleares—, suministro de insumos fundamentales y acceso a información sensible, en particular datos personales.

La votación fue de 314 a favor y 117 en contra en lo general, y de 321 a favor y 106 en contra en lo particular. Los votos en contra provinieron principalmente de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La comisión tendrá un plazo de 45 días hábiles para resolver las solicitudes. En caso de incumplimiento de la denegación se prevén multas de 5,000 a 200,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Esta medida llega en un momento en que México no cuenta con una ley general de inteligencia artificial ni con una Ley General de Ciberseguridad. Existe un Plan Nacional de Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, publicado en abril de 2026, que es orientativo y no obligatorio. Al mismo tiempo, datos de FortiGuard Labs citados por medios el 28 de octubre señalan que el país enfrentó 58.1 billones de intentos de ciberataques en 2025, alrededor de 158.9 millones diarios. Un informe de KPMG del 27 de octubre indica que el 75% de las organizaciones mexicanas busca mayor control sobre el uso de IA y que la soberanía de modelos y datos se ha convertido en prioridad.

La incorporación de la ATDT a la comisión refleja el peso creciente de la infraestructura digital y la ciberseguridad en la evaluación de riesgos. Al mismo tiempo, la presencia de las fuerzas armadas y de seguridad genera debate sobre el equilibrio entre protección de soberanía y certeza para inversionistas. La oposición ha señalado riesgos de discrecionalidad y posible sesgo de seguridad sobre criterios económicos. El gobierno y sus aliados sostienen que se trata de proteger infraestructura crítica, datos de millones de personas y capacidad de decisión sobre sectores estratégicos, sin cerrar la puerta a la inversión.

En el corto plazo habrá que observar la publicación del decreto en el DOF, la fijación del umbral de activos por parte de la comisión y los primeros casos de revisión. En el mediano plazo, la reforma interactúa con las discusiones sobre regulación de IA en el Senado —incluyendo iniciativas de la Comisión de IA y una propuesta reciente del PAN— y con la demanda reiterada del INAI de actualizar el marco de ciberseguridad y protección de datos. CausaNews seguirá el desarrollo de estos mecanismos y su impacto concreto en el ecosistema tecnológico mexicano.