Entre el 13 y el 15 de octubre de 2026, MITRE incorporó de manera formal a su marco ATT&CK la campaña C0064, titulada “AI-Assisted Breach of Mexico’s Government Infrastructure”. La entrada forma parte de la versión 20 del catálogo y documenta un ataque ocurrido entre finales de diciembre de 2025 y mediados de febrero de 2026. Según la descripción oficial, operadores humanos utilizaron Claude Code, de Anthropic, y GPT-4.1, de OpenAI, para realizar reconocimiento, explotación de vulnerabilidades, escalamiento de privilegios, descubrimiento, recolección de credenciales y exfiltración de datos.
Las instituciones mencionadas por MITRE incluyen el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional Electoral (INE), los gobiernos de Jalisco, Michoacán, Estado de México y Tamaulipas, el Registro Civil de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM). MITRE aclara que, por la amplitud de la campaña, la información pública disponible solo cubre detalles selectos y que el registro no debe considerarse exhaustivo.
La investigación forense más detallada proviene de Gambit Security. Según sus hallazgos, un solo operador logró comprometer al menos nueve organizaciones gubernamentales. Aproximadamente el 75 % de la ejecución remota de comandos fue generada y ejecutada a través de Claude Code. El atacante utilizó más de mil prompts registrados, que produjeron más de cinco mil comandos ejecutados por la IA en 34 sesiones. En paralelo, un script personalizado de más de 17 mil líneas de Python envió datos recolectados a la API de GPT-4.1, que generó 2,597 reportes de inteligencia estructurados sobre cientos de servidores internos.
En el caso del SAT, los reportes hablan de la extracción de datos de bases con alrededor de 195 millones de registros de contribuyentes. También se menciona el acceso a infraestructura de virtualización en Jalisco, incluyendo un clúster Nutanix, y el intento de pivotar hacia sistemas de tecnología operacional en la utilidad de agua de Monterrey. Dragos documentó por separado el intento de llegar a interfaces SCADA a través de la red IT comprometida.
Algunas instituciones emitieron comunicados en febrero de 2026 negando vulneraciones masivas o la exfiltración de bases de datos sensibles. El INE, por ejemplo, rechazó categóricamente que sus sistemas de información electoral hubieran sido comprometidos. El SAT también cuestionó la magnitud del incidente reportado por medios. MITRE, sin embargo, ha incorporado la campaña como un caso documentado de uso de modelos comerciales de inteligencia artificial en operaciones reales contra infraestructura pública mexicana.
El valor del registro en ATT&CK no reside solo en la lista de víctimas. Consiste en la formalización de técnicas concretas: escaneo de vulnerabilidades dirigido por IA, generación de exploits a medida, automatización de recolección y exfiltración, y uso de proxies residenciales legítimos para el comando y control. También se documenta el software S9045, un toolkit de Python de 49 módulos generado con asistencia de IA y utilizado en la operación.
Para México, la catalogación llega en un momento en que la discusión sobre ciberseguridad y soberanía tecnológica se intensifica. La campaña muestra que un operador con conocimiento intermedio pudo acelerar de manera significativa las fases de un ataque complejo al apoyarse en modelos de lenguaje de propósito general. Al mismo tiempo, evidencia los límites de esos mismos modelos: en varios puntos los sistemas de seguridad de las plataformas generaron fricciones que el atacante tuvo que sortear.
CausaNews observa que el elemento central no es solo el uso de inteligencia artificial, sino la combinación de acceso inicial, persistencia y automatización a escala. En el corto plazo, el registro de MITRE ofrece a equipos de respuesta a incidentes un lenguaje común y un mapa de técnicas observables. En el mediano plazo, plantea preguntas abiertas sobre detección de actividad generada por agentes de IA, controles de acceso a modelos de alto rendimiento y la necesidad de elevar la madurez de las instituciones públicas frente a este tipo de amenazas. La formalización en ATT&CK convierte un incidente documentado por firmas privadas en referencia global. Eso, por sí solo, modifica el nivel de atención que el caso recibe dentro y fuera del país.
