México acaba de dar un paso concreto, no retórico, en la gobernanza tecnológica cotidiana: a partir del 3 de noviembre, primarias y secundarias restringirán el uso de celulares y dispositivos personales durante toda la jornada, incluido el recreo. La medida, publicada el 22 de septiembre en el Diario Oficial, no nació de una ley nueva en el Congreso, sino de un acuerdo de la SEP con las autoridades educativas de los estados. Sin embargo, su alcance es nacional y su mensaje es político: el Estado interviene el dispositivo más poderoso —y más desigual— de la vida escolar.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó con una fórmula que ya recorre medio mundo: recuperar creatividad y cortar el uso indiscriminado de pantallas, sobre todo cuando se ata a redes sociales. Porque el diagnóstico no es solo mexicano. Unesco documenta restricciones en más de un centenar de países; Francia, Países Bajos y varios estados de Estados Unidos llegaron antes. Por ejemplo, el New York Times situó a México en esa oleada apenas horas después de la publicación del acuerdo. El país, por tanto, no inventa el dilema; lo traduce a su sistema educativo fragmentado.

El diseño es diferenciado, y eso importa. En educación básica la regla es dura: el aparato se guarda, salvo uso pedagógico programado, emergencias o necesidades de inclusión. En media superior, en cambio, cada comunidad escolar construirá su propio arreglo. Esa flexibilidad reconoce la autonomía de planteles y universidades, pero también desplaza el conflicto al patio y a la asamblea de padres. Quienes celebran la medida —entre ellos organizaciones de madres y padres— advierten, no obstante, que “no bastará” si no hay acompañamiento socioemocional y alternativas reales de aprendizaje.

Aquí aparece la contradicción mexicana. Solo alrededor de tres de cada diez escuelas públicas cuentan con computadoras conectadas de forma confiable. El celular, en muchos salones, no es distracción: es la única ventana a un mapa, un diccionario o una plataforma educativa. Restringirlo sin cerrar esa brecha puede proteger la atención de unos y recortar la herramienta de otros. CausaNews lo ha subrayado en coberturas previas: la política digital de infancia no puede separarse de la política de conectividad.

El acuerdo llega, además, en un momento en que el mismo gobierno discute regular redes e inteligencia artificial por su efecto en campañas, menores y desinformación. Sheinbaum pidió al INE una “regulación mínima” de algoritmos y bots. La Iglesia católica mexicana, por su lado, reclamó reglas que pongan la dignidad humana en el centro. El Congreso, en paralelo, avanza una ley general de IA sin estrategia nacional definida, según especialistas de la UNAM. Las pantallas en la escuela son, entonces, la pieza visible de un tablero más amplio: quién educa, quién informa y quién controla el flujo algorítmico.

Hay antecedentes locales. Once entidades ya habían legislado o reglamentado el celular en aula. El gobierno federal unifica el piso, evita el mosaico y envía una señal de autoridad educativa. Sin embargo, la implementación será la prueba. A partir del 23 de septiembre debieron comenzar asambleas con familias. En 180 días las autoridades tendrán que armonizar normas. Si el acuerdo se convierte en ritual de decomiso sin pedagogía, fracasará. Si se usa para formar criterios de uso responsable —y para exigir computadoras e internet en el aula—, puede ser el primer eslabón serio de una política digital de infancia.

En el corto plazo, el impacto será cultural: menos notificaciones en el recreo, más fricción con adolescentes, más presión sobre docentes que deberán sustituir el dispositivo con método. En el mediano plazo, la medida se medirá contra dos indicadores que CausaNews seguirá de cerca: aprendizaje y salud mental, sí, pero también equidad tecnológica. Porque un país que restringe pantallas en la escuela y al mismo tiempo corteja data centers, chips e IA no puede permitirse que la soberanía digital empiece por quitar el teléfono… y termine por no ofrecer otra herramienta.

México acaba de entrar, con nombre propio, al club de los Estados que ponen límites a la infancia conectada. El siguiente capítulo no se escribe en el DOF. Se escribe en el aula, en el presupuesto de conectividad y en la coherencia de una agenda tecnopolítica que todavía busca estrategia.