En el ajedrez geopolítico de América Latina, Donald Trump ha movido sus piezas con audacia inusitada. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente ha transformado la lucha contra el narcotráfico en una doctrina de intervención directa, con México como blanco retórico y Venezuela como teatro de operaciones reales. Como comunicador especializado en fuentes políticas, analizo aquí esta escalada, basándome en declaraciones presidenciales y hechos verificados, para ofrecer una visión equilibrada y profesional de un capítulo que redefine las relaciones hemisféricas.
Comencemos por México, donde Trump ha revivido su narrativa de la frontera como zona de guerra. El 20 de enero de 2025, apenas inaugurado, firmó una orden ejecutiva designando a cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones terroristas extranjeras. En el documento, describe a estos grupos como perpetuadores de “una campaña de violencia y terror en todo el Hemisferio Occidental”, afirmando que en partes de México actúan como “entidades cuasi-gubernamentales” que controlan la sociedad. Esta designación no es mera semántica; allana el camino para acciones militares, elevando el narcotráfico a amenaza de seguridad nacional.
A lo largo del año, las declaraciones de Trump se endurecieron. En agosto, una directiva secreta al Pentágono ordenó preparar el uso de fuerza contra cárteles latinoamericanos, con énfasis en frenar el fentanilo –una droga que mata a decenas de miles de estadounidenses anualmente–. Aunque el foco inicial fue en rutas marítimas, México quedó implícito como epicentro. En una entrevista con Reuters el 17 de noviembre, Trump expresó: “OK with me, whatever we have to do to stop drugs”, al referirse a posibles ataques terrestres en México. Semanas después, el 9 de diciembre en Politico, reiteró: “Sure, I would” sobre strikes en territorio mexicano y colombiano, comparándolos con operaciones contra embarcaciones venezolanas.
El clímax retórico llegó el 15 de diciembre, cuando clasificó el fentanilo ilícito como “arma de destrucción masiva”. “There’s no doubt that America’s adversaries are trafficking fentanyl into the United States, in part because they want to kill Americans”, declaró Trump al firmar la orden. Agregó: “With this historic executive order I will sign today, we’re formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction”. Aunque no nombra a México directamente en estas citas, el contexto es innegable: los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, usando precursores chinos. Durante la Operación Southern Spear –lanzada en septiembre de 2025–, Trump anunció strikes aéreos contra más de 35 embarcaciones, algunas en rutas pacíficas ligadas a México. “Be warned—If you are transporting drugs that can kill Americans, we are hunting you!”, advirtió en septiembre, y en diciembre insinuó extensiones: “Soon we will be starting the same program on land”.
Esta retórica no es nueva para Trump, quien en su primer mandato propuso bombardear laboratorios mexicanos. Sin embargo, en 2025-2026, se materializa en acciones concretas, generando tensiones diplomáticas. México, bajo el presidente [Actual Presidente Mexicano], ha respondido con protestas formales, argumentando que tales declaraciones socavan la soberanía y ignoran colaboraciones bilaterales como la Iniciativa Mérida.
Ahora, volvamos la mirada a Venezuela, donde la retórica se convierte en intervención. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 marca el punto álgido de Operation Southern Spear, una campaña militar que Trump presentó como antinarcóticos pero que críticos ven como un cambio de régimen disfrazado. Venezuela, con su “Cartel de los Soles” –una red militar acusada de traficar cocaína–, ha sido un objetivo desde 2020, cuando Trump acusó a Maduro de narcoterrorismo y ofreció 15 millones por su cabeza.
La operación se gestó en secreto desde agosto de 2025, con despliegues navales en el Caribe. En noviembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth la anunció formalmente: un “conflicto armado” contra narco-terroristas. EE.UU. realizó más de 20 strikes letales contra barcos, cerrando el espacio aéreo venezolano y bloqueando petroleros. El Congreso rechazó intentos de limitar la fuerza, permitiendo a Trump proceder.
La noche del 3 de enero, en Caracas, strikes aéreos golpearon blancos estratégicos: la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, Fuerte Tiuna, un almacén en La Guaira, el mausoleo de Hugo Chávez y sistemas antiaéreos rusos. Usando guerra electrónica y ciberataques, neutralizaron defensas. Fuerzas especiales –Delta Force en helicópteros MH-47 y MH-60– irrumpieron en el palacio presidencial, capturando a Maduro y su esposa Cilia Flores. Los extrajeron al USS Iwo Jima, con Trump observando en tiempo real. Maduro enfrenta cargos en Nueva York por conspiración para importar cocaína y posesión de armas.
Las consecuencias son profundas. En Venezuela, el régimen persiste: el vicepresidente y ministros como Vladimir Padrino y Diosdado Cabello prometen resistencia, con milicias y aliados como Rusia y China respaldándolos. La oposición, liderada por figuras exiliadas como María Corina Machado, enfrenta un vacío de poder. Internacionalmente, condenas abundan: Colombia suspendió inteligencia compartida, Rusia reafirma tratados, y China ve una amenaza a sus inversiones. En EE.UU., Trump celebra la “victoria”, pero expertos cuestionan su efectividad: Venezuela no es la fuente principal de fentanilo, y la intervención podría exacerbar la migración y el caos regional.
Esta escalada trumpiana plantea dilemas éticos y estratégicos. ¿Es una defensa legítima contra el narcotráfico, o un pretexto para hegemonía? Como comunicador, subrayo la necesidad de diálogo multilateral: soluciones unilaterales arriesgan alianzas. México y Venezuela ilustran cómo la retórica inflamatoria puede derivar en acción, recordándonos que la política exterior no es un tuit, sino un compromiso con la estabilidad hemisférica. En un mundo interconectado, la “Southern Spear” podría ser una lanza de doble filo.